Agenda Pro Inversión: el gobierno ha puesto en marcha sólo el 50% de las medidas que comprometió

Transcurrido más de un año desde el lanzamiento de la Agenda Pro Inversión y Competitividad, sólo se ha ejecutado en la forma planteada originalmente el 50% de las veinte medidas incluidas en dicha iniciativa, que surgió como resultado de la cumbre público-privada que se realizó en el hotel Crowne Plaza en septiembre de 2012.

Al revisar el grado de avance de estas acciones, queda de manifiesto que sólo Bienes Nacionales tiene en marcha y en la forma propuesta las dos iniciativas que le correspondieron, mientras que Energía, que con seis medidas tenía la mayor cantidad de obligaciones tiene en marcha dos de ellas.

Los otros cuatro ministerios involucrados en esta agenda que busca ayudar a superar las trabas burocráticas que enfrentan las inversiones en su materialización, especialmente los proyectos mineros y energéticos, fueron Minería, vivienda y Urbanismo; Medio Ambiente (a través del Servicio de Evaluación Ambiental) y Obras Públicas (a través de la Dirección General de Aguas).

A fines de 2013, el Ejecutivo envió al Congreso la segunda parte del denominado proyecto misceláneo, para destrabar las inversiones. Un par de meses antes se inició el trámite de la primera parte, con cambios legales orientados al sector minero, mientras que la segunda apunta más hacia los proyectos energéticos.

Dos de las seis medidas que le corresponde ejecutar a la cartera de Energía están en trámite de toma de razón ante la Contraloría, se trata de los reglamentos que regulan los sistemas adicionales de transmisión (líneas privadas) y que establece la operación del sistema de net billing (para que los consumidores finales inyecten energía al sistema).

En lo que respecta a los ajustes al reglamento de las licitaciones de distribuidoras, que es la medida número 6 de la agenda, el documento estaría para firma del presidente de la República.

Los cambios al reglamento de pequeños medios de generación es la medida que tienen pendiente.

Durante este mes el ministerio de Minería tiene previsto poner en marcha una plataforma que sistematiza todos los permisos y trámites que requieren los proyectos mineros y otras iniciativas asociadas -como algunas energéticas- dividido esto en fases y tiempos de tramitación, explicó el titular de la cartera, Hernán de Solminihac.

La plataforma es desarrollada por la empresa Gisma e incluye del orden de 120 tipos de obras e incluye un simulador de tramitación, lo que debería elevar los grados de información disponible para los inversionistas.

Esta será la tercera medida de las cuatro que le corresponden que Minería tendrá en ejecución.

Al ministerio de Medio Ambiente, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), también le correspondieron dos medidas.

La primera de ella era uniformar los criterios y las exigencias técnicas para la evaluación de los proyectos de inversión y para ello el SEA dictó en 2013 del orden de 15 guías técnicas.

La segunda medida era crear una unidad especializada de apoyo a la evaluación de proyectos de mayor complejidad. Lo que hizo el SEA fue reforzar su unidad de evaluación central con un equipo técnico que apoya a las regiones.

A este ministerio le correspondieron dos medidas y comenzó a aplicar las dos en abril del año pasado y en la forma en la que fue previsto inicialmente.

La primera de las iniciativas fue agilizar las licitaciones para proyectos de inversión. Para ello se dispuso de 29 terrenos para el desarrollo productivo. Aquí están incluidos sitios para el desarrollo de iniciativas de generación. A ello se sumó la dictación de una orden ministerial que mejoró el sistema de subasta de paños para instalar generación renovable no convencional (ERNC). Esto incluyó pedir garantías y cobrar arriendo por los terrenos en la fase de estudio de los proyectos, cuando el traspaso de los bienes fiscales aún no se concreta.

Regular adecuadamente el permiso de calificación industrial, estableciendo criterios objetivos que generen mayor certeza a los inversionistas y permitan una evaluación oportuna y no discrecional de la autoridad, es la medida número 20 de la agenda Pro Inversión y Competitividad y su aplicación corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta respecto del estado de esta iniciativa.

En la agenda se explica que en áreas urbanas las industrias pueden instalarse donde permitan los planos reguladores y esa calificación está sujeta a elementos discrecionales.

Las cinco primeras medidas de la agenda le corresponden a la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP.

Dos de ellas, los reglamentos de obras mayores y de aguas subterráneas, permanecen en la Contraloría para toma de razón, mientras que la agilización de las tramitaciones ha avanzado a través de una serie de resoluciones dictadas en los últimos meses que buscan aclarar y facilitar la regularización de los derechos de agua.

En lo relativo a reducir la especulación a través del trámite de obtención de nuevos derechos de agua, hace unos meses el director de la DGA dictó una orden que precisa los criterios en esta materia.